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A 5 años de la vigencia de la Ley sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, la mayoría de los solicitantes están optando por procesos de liquidación, con lo cual no se estaría cumpliendo uno de sus principales objetivos, que es obtener una mayor recuperación del crédito.
Por Ignacio Saavedra, asociado Garnham Abogados
La Ley 20.720 sustituyó la Ley de Quiebras (Ley 18.175) para incorporar la reorganización y renegociación, incentivando al deudor a establecer nuevos mecanismos de pago de sus obligaciones, dando acceso a este proceso también a las personas naturales.
Desde su vigencia, esta ley ha aumentado sostenidamente su aplicación. De este modo, a septiembre de este año 987 personas se habían sometido al proceso de renegociación, mientras que 3.592 habían accedido al proceso de liquidación. Por su parte, 37 personas jurídicas se habían sometido a procesos de renegociación y 1.245 habían accedido a procesos de liquidación.
Si bien existe una importante utilización de los procesos de renegociación y liquidación, tanto entre personas naturales como jurídicas, sería conveniente que se pudiera ampliar la utilización de los procesos de reorganización por sobre los procesos de liquidación, pues en estos últimos el objetivo es que se extingan las deudas insolutas al momento de iniciarse el proceso.
Esta ley busca lograr una mayor recuperación de los créditos a través de los procesos de reorganización, ya que en estos casos el deudor solicita y quiere pagar sus obligaciones a sus acreedores en nuevas condiciones, sujeto a su aprobación.
Por tal motivo, las personas jurídicas o naturales que enfrenten procesos financieros complejos debiesen optar por la posibilidad de reorganizarse, dado que ello permite continuar con una actividad, generar confianza en los acreedores de la voluntad de pago, y no simplemente cerrar la cortina sin cumplir con el pago de obligaciones.